La familia del anarquista extremeño Francisco Granado exige al Estado la reparación moral, social y económica de su muerte por haber sido ajusticiado, sin pruebas, durante el régimen franquista
Como la de Sacco y Vanzetti, la historia de Granado y Delgado es la crónica de un crimen legal. Estos dos anarquistas españoles fueron ajusticiados sin pruebas durante la dictadura franquista, al ser considerados los responsables de la colocación de dos bombas, en el centro de Madrid, en 1963.
Francisco Granado nació en Valencia del Ventoso (Badajoz), en octubre de 1935. Hoy su viuda, Pilar Vaquerizo, en colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT), mantiene abierto un frente de lucha para exigir que se le reconozcan los derechos concedidos a los expresos y represaliados políticos del franquismo.
Los familiares de estos dos anarquistas, ejecutados mediante garrote vil, mantienen en el Tribunal Constitucional un litigio contra el Estado para lograr el reconocimiento del error judicial que supuso la sentencia del Consejo de Guerra que les condenó a muerte en 1963.
UN PROCESO EXTRAÑO
Granado y Joaquín Delgado, en tan sólo 17 días, fueron detenidos, juzgados, condenados y ejecutados. Treinta y cinco años después de su muerte, en 1988, los verdaderos autores de la colocación de los explosivos en Madrid decidieron presentarse en público para contar lo ocurrido, hacer justicia y recuperar la memoria de los dos ejecutados.
La confesión de Antonio Martín y Sergio Hernández permitió a las familias de Granado y Delgado iniciar, ese año, un periplo judicial exigiendo la revisión de la sentencia que les condenó a muerte.
Para las familias, la decisión de las autoridades franquistas pretendía amedrentar, con la mayor publicidad posible, a la sociedad española. A pesar de la falta de pruebas en el enjuiciamiento, los afectados lamentan la amnesia y el silencio de la administraciones, una vez superada la transición democrática.
Esta lucha también ha llegado a Extremadura. La CGT ya ha hecho llegar esta reivindicación a diferentes instituciones extremeñas, -caso de la Diputación Provincia de Badajoz y el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso-, así como a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Han pasado 40 años y la viuda del anarquista extremeño sigue en su lucha desde la localidad francesa de Quillan, donde vivió sus últimos años con Francisco Granado. Allí sobrevive con la paga que recibe del Estado francés a través del Fondo Nacional de Solidaridad, aunque no duda en tener que regresar a España para exigir que la justicia reconozca la muerte de estos dos inocentes.
Como la de Sacco y Vanzetti, la historia de Granado y Delgado es la crónica de un crimen legal. Estos dos anarquistas españoles fueron ajusticiados sin pruebas durante la dictadura franquista, al ser considerados los responsables de la colocación de dos bombas, en el centro de Madrid, en 1963.
Francisco Granado nació en Valencia del Ventoso (Badajoz), en octubre de 1935. Hoy su viuda, Pilar Vaquerizo, en colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT), mantiene abierto un frente de lucha para exigir que se le reconozcan los derechos concedidos a los expresos y represaliados políticos del franquismo.
Los familiares de estos dos anarquistas, ejecutados mediante garrote vil, mantienen en el Tribunal Constitucional un litigio contra el Estado para lograr el reconocimiento del error judicial que supuso la sentencia del Consejo de Guerra que les condenó a muerte en 1963.
UN PROCESO EXTRAÑO
Granado y Joaquín Delgado, en tan sólo 17 días, fueron detenidos, juzgados, condenados y ejecutados. Treinta y cinco años después de su muerte, en 1988, los verdaderos autores de la colocación de los explosivos en Madrid decidieron presentarse en público para contar lo ocurrido, hacer justicia y recuperar la memoria de los dos ejecutados.
La confesión de Antonio Martín y Sergio Hernández permitió a las familias de Granado y Delgado iniciar, ese año, un periplo judicial exigiendo la revisión de la sentencia que les condenó a muerte.
Para las familias, la decisión de las autoridades franquistas pretendía amedrentar, con la mayor publicidad posible, a la sociedad española. A pesar de la falta de pruebas en el enjuiciamiento, los afectados lamentan la amnesia y el silencio de la administraciones, una vez superada la transición democrática.
Esta lucha también ha llegado a Extremadura. La CGT ya ha hecho llegar esta reivindicación a diferentes instituciones extremeñas, -caso de la Diputación Provincia de Badajoz y el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso-, así como a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Han pasado 40 años y la viuda del anarquista extremeño sigue en su lucha desde la localidad francesa de Quillan, donde vivió sus últimos años con Francisco Granado. Allí sobrevive con la paga que recibe del Estado francés a través del Fondo Nacional de Solidaridad, aunque no duda en tener que regresar a España para exigir que la justicia reconozca la muerte de estos dos inocentes.
13/01/2003 J. D. MORCILLO CACERES
